Existe un grupo con un grado alto de profesionalidad en funciones económicas y reguladoras del Estado, mientras existe un sistema de empleo fragmentado y poco profesionalizado donde no hay aún meritocracia ni carrera pública.
El costo fiscal del empleo público equivale casi el 40% de los gastos del gobierno, en parte debido a la baja presión tributaria, y representa casi el 6,6% del PBI, ubicándose sobre el promedio regional.
El Estado presenta una baja eficacia -efectividad- en la prestación de bienes y servicios, siendo crítico la provisión de infraestructura y de servicios de carácter social. El estado muestra un buen desempeño en áreas de conducción macroeconómica y fiscal, y en áreas reguladoras. Las causas de la baja eficacia son: la baja capacidad del erario fiscal peruano, la excesiva rigidez presupuestaria.
Para solucionar uno de los factores, la baja capacidad del erario fiscal, el Estado ha comenzado a hacer algunas acciones como mejorar el régimen de excepciones y mejorar la eficacia de la administración pública. Perú presenta FUERTES INEFICIENCIAS debido a:
1. Una inadecuada participación de los interesados en la toma de decisiones sobre gasto (instituciones políticas y sociedad civil).
2. La ausencia de una dirección estratégica, la debilidad de los organismos implementadores del gasto (especialmente los locales).
3. La inercia presupuestaria e insuficientes incentivos.
4. Un bajo nivel de integración y consistencia de los sistemas de información de gestión pública.
5. La debilidad del sistema de adquisiciones públicas.
EL MEF -Ministerio de Economía y Finanzas- y la PCM -presidencia del consejo de ministros- tienen un liderazgo institucional compartido en concretar las reformas necesarias para promover una gestión pública más eficiente y eficaz.
En rendición de cuentas, existen factores que perjudican la acción de las instituciones fiscalizadoras, como el Poder Judicial, el Congreso y la CGR-Controlaría General de la República.
Los medios de comunicación destacan en la fiscalización de las acciones del gobierno: proveen una amplificación de denuncias, opiniones y propuestas de política sobre la agenda pública del momento y propician el debate político sobre la calidad de las acciones del Ejecutivo. Sin embargo, el déficit de funcionamiento de las instituciones fiscalizadoras evita que se procese la agenda y el control que diariamente plantean los medios. PAGINA 20 - 24: Http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=917346
Profesionalismo
Un estudio del BID sobre la calidad de la burocracia en América Latina le dio a Përú una de las clasificaciones más bajas. Un pequeño funcionariado altamente profesional se encuentra en las funciones económicas y regulatorias del Estado. El empleo público equivale casi 40% de los gastos del gobierno.
1. A consecuencia de la poca evolución de la burocracia, la administración pública se reduce a las tradicionales funciones de administración de personal e intentos del MEF de control fiscal.
2. La planificación de RR HH es bastante reactiva ante las demandas de personal de los directivos tanto políticos como de la línea de las entidades.
3. La meritocracia no es una prioridad y aún persisten prácticas clientelares.
4. El régimen privado está extendido pero no es una estrategia integral del empleo público, conque se agrava la insularidad en las entidades bajo este sistema y se fragmenta más el sistema.
La informalidad es la alternativa para asegurar el funcionamiento de la gestión de recursos humanos. Esto se debe a la rigidez del marco normativo, a la ausencia de información adecuada así como la fragmentación de los normativos e institucionales. Dado la debilidad de estos marcos, las prácticas gerenciales tienen tres dinámicas:
1. La negociación oportunista entre los actores interesados.
2. La implementación de arreglos instituciones específicos que resultan ser precarios.
3. Una falta de información sobre empleo público para una acción coordinada.
Existen dos sistemas de recursos humanos:
- Unos en organizaciones de reciente creación
- Otro que agrupa a casi todos los funcionarios de las agencias centrales, que carecen de sistemas meritocráticos, competencias específicas y un sistema de carrera efectivo.
LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA O RÉGIMEN 276
Regula la burocracia y garantiza el derecho a la estabilidad de la función, si bien este régimen se encuentra congelado. Está compuesto por un total de 26 categorías y le falta mejores criterios de planificación y dimensionamiento del empleo en relación con las funciones. El 40% de los trabajadores de los ministerios trabaja bajo este régimen.
EL RÉGIMEN DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
Llamado también SNP, está regulado por CONSUCODE es más flexible para la designación de salarios, la suspensión de la contratación y los períodos de contratación. Es muy utilizada en ministerios y llega a representar hasta el 80% de los trabajadores. Es utilizada políticamente. Representa el 9% de la burocracia total, aunque en los ministerios representan el 44,6% de los costos salariales.
EL RÉGIMEN 728
Es similar al régimen del sector privado. Es utilizada en agencias descentralizadores. Los cargos, formas de pago, las escalas y beneficios (de 12 a 16 sueldos) son diferentes de los demás regímenes. Tanto el régimen 276 y 728 representan el 91% de la administración pública.
La Comisión de Trabajo y seguridad Social, que preside el congresista Juan José Díaz Dios (GPF), aprobó en la víspera el proyecto de ley que plantea la incorporación de trabajadores estatales con más de cinco años de servicios continuos al nuevo Régimen del Servicio Civil.
La iniciativa propone exonerar de concurso público para el ingreso al nuevo régimen a servidores del Estado (en su mayoría CAS), lo que determina un ingreso directo sin participación en concurso público. En tanto que aquellos trabajadores que cuenten con menos de cinco y más de tres años tendrán una bonificación en la puntuación a los concursos públicos que se establezcan para ingresar al nuevo régimen del servicio civil.
Lo aprobado también precisa que para el caso de los obreros municipales estos no deben ser contratados por CAS –que solo es para administrativos- ya que están afectos al régimen laboral privado. Se plantea, además, fijar como plazo el 31 de diciembre del 2015 para la eliminación del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Régimen especial De igual manera la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto que propone regular el régimen especial de seguridad social de los trabajadores y pensionistas pesqueros y disponer medidas extraordinarias para los mismos comprendidos en la liquidación y disolución de la Caja de Beneficios y seguridad Social del Pescador (CBSSP).
La iniciativa plantea crear el Régimen Especial de Pensiones (REP), facultativo para trabajadores pesqueros, de carácter intangible, que será administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con ello los trabajadores pesqueros se incorporan a ESsalud como afiliados regulares del Régimen Contributivo de la seguridad Social en salud.
Se crea el Fondo Extraordinario, de carácter intangible, inembargable e independiente, con el que se constituye un fideicomiso, no pudiendo ser vinculado de forma alguna a otro patrimonio o fondo creado con anterioridad A partir de la vigencia de la presente ley, la Caja de Beneficios y seguridad Social del Pescador (CBSSP) en disolución y liquidación deja de recibir cualquier aporte que correspondan a periodos posteriores a dicha fecha.
Se reconoce la deuda que mantiene el Estado con la CBSSP, en disolución y liquidación. “Esta propuesta beneficiaría a más de 7000 pensionistas y 41,506 afiliados comprendidos en la declaración de liquidación y disolución de la Caja”, remarcó Díaz Dios al momento de precisar que la propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio de la Producción y de la ONP.
En sesión ordinaria también aprobaron por unanimidad la propuesta legislativa que propone regular la labor del trabajador social en todos los ámbitos y dependencias del sector público y privado.
El bajo DESARROLLO DE PERFILES, la debilidad del proceso de selección y los mecanismos de contratación paralela son una de las razones de la baja eficiencia, escasa capacidad funcional y coherencia del cuerpo burocrático, así como la extrema rigidez de los mecanismos de incorporación y remoción del empleo público, y la ausencia de políticas de movilidad. Los incentivos son ineficaces, no hay mecanismos de adaptación frente a cambios en el entorno.
Las POLÍTICAS SOBRE LAS REMUNERACIONES son confusas, donde prevalecen esfuerzos racionalizadores, incremento de las remuneraciones y a la vez una política de austeridad fiscal. Los salarios son varían entre los niveles, e inclusive dentro del mismo nivel; existe además una multiplicidad de conceptos, de asignación fija, de suplementos y beneficios ligados al desempeño individua o ministerial. Los sueldos de los cuadros medios y administrativos son superiores que aquellos del sector privado, pero no son competitivas en los sectores gerenciales -sector público: $357-$2 2797, sector privado: $50-$8 100-. A excepción de los funcionarios-que ganan más en el régimen SNP, los profesionales, técnicos y auxiliares ganan en promedio más en el régimen 728.
La política de gestión de recursos humanos depende de cada ministerio, aunque en los últimos años MEF y PCM han hecho reformas.
