Marzo, 15/03/2011 - 05:00
Por: Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
No obstante que la política fiscal en el país ha sido, en general, más sana y responsable en los últimos 20 años, su manejo como elemento estabilizador de la economía, mediante políticas contracíclicas, no ha funcionado.
La premisa de la política fiscal contracíclica es “administrar las bonanzas para prevenir las crisis”, es decir, reducir el gasto público (y generar superávit fiscal) en periodos de expansión y aumentarlo (y generar déficit fiscal) en periodos de recesión. En este sentido, el sector público se contraería para evitar la sobreexpansión de la demanda doméstica y aumentaría cuando la demanda fuese insuficiente, con lo cual se busca atenuar los picos y las depresiones económicas para reducir la inestabilidad e incertidumbre entre los agentes económicos.
Esta política genera beneficios adicionales como: i) evita el sobreendeudamiento interno en la fase expansiva, tanto del sector público como del privado, lo que resulta vital para impedir las nocivas burbujas financieras; ii) reduce las presiones inflacionarias (en el ciclo expansivo) y deflacionarias (en el ciclo recesivo); iii) facilita el control y/o reestructuración del gasto público, ya que debería ser relativamente más fácil suprimir determinados ítems del gasto público cuando la situación económica de hogares y empresas es un tanto más holgada que cuando se atraviesa por un periodo recesivo; y iv) apoya la efectividad de la política monetaria del BCRP.
Sin embargo, la lógica con la que se maneja la política fiscal suele ser justamente la contraria: ¿para qué ajustar o controlar el gasto estatal si se cuenta con ingresos fiscales suficientes? En la medida que el manejo de muchas de las instituciones públicas está “formateado” a un manejo de presupuesto: “cuántos fondos se proyecta para el año y, por ende, cuánto puedo gastar”, el gasto aumentará mientras haya mayores ingresos. Y los fondos disponibles son mayores en el ciclo expansivo de la economía debido a que los ingresos fiscales aumentan cuando crece la economía.
Para implementar estos mecanismos o movimientos compensatorios del presupuesto público es preferible manejar las variables del gasto antes que las del ingreso, dada la necesidad de mantener cierta estabilidad en el campo tributario. Una medida que ayudaría a conseguir este objetivo sería la programación del gasto público en planes multianuales, de modo que se compensen los ciclos económicos. Asimismo, es necesario manejar fondos de reservas del sector público de mediano plazo, los cuales crecerían en el periodo expansivo y descenderían en el periodo recesivo.
Consecuentemente, la fijación del gasto público no debería estar en función de los ingresos recaudados en el año, sino de las necesidades del sector y de la sostenibilidad de los ingresos tributarios y el endeudamiento neto del sector público en el mediano y largo plazo. Esto es, los gastos deberían están en función de los ingresos tributarios de largo plazo, ajustados por el ciclo económico y sin considerar los ingresos extraordinarios como la que actualmente se observan a raíz de las altas cotizaciones de las materias primas que el país exporta.
Lamentablemente, utilizando estos indicadores se puede demostrar que en los últimos cinco años, la política fiscal en el Perú no ha sido contracíclica, lo que eleva el riesgo del sistema financiero, hace más complejo el manejo de la estabilidad de precios y complica la propia posibilidad de restructurar el gasto público y la efectividad de la política monetaria.
Por: Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
No obstante que la política fiscal en el país ha sido, en general, más sana y responsable en los últimos 20 años, su manejo como elemento estabilizador de la economía, mediante políticas contracíclicas, no ha funcionado.
La premisa de la política fiscal contracíclica es “administrar las bonanzas para prevenir las crisis”, es decir, reducir el gasto público (y generar superávit fiscal) en periodos de expansión y aumentarlo (y generar déficit fiscal) en periodos de recesión. En este sentido, el sector público se contraería para evitar la sobreexpansión de la demanda doméstica y aumentaría cuando la demanda fuese insuficiente, con lo cual se busca atenuar los picos y las depresiones económicas para reducir la inestabilidad e incertidumbre entre los agentes económicos.
Esta política genera beneficios adicionales como: i) evita el sobreendeudamiento interno en la fase expansiva, tanto del sector público como del privado, lo que resulta vital para impedir las nocivas burbujas financieras; ii) reduce las presiones inflacionarias (en el ciclo expansivo) y deflacionarias (en el ciclo recesivo); iii) facilita el control y/o reestructuración del gasto público, ya que debería ser relativamente más fácil suprimir determinados ítems del gasto público cuando la situación económica de hogares y empresas es un tanto más holgada que cuando se atraviesa por un periodo recesivo; y iv) apoya la efectividad de la política monetaria del BCRP.
Sin embargo, la lógica con la que se maneja la política fiscal suele ser justamente la contraria: ¿para qué ajustar o controlar el gasto estatal si se cuenta con ingresos fiscales suficientes? En la medida que el manejo de muchas de las instituciones públicas está “formateado” a un manejo de presupuesto: “cuántos fondos se proyecta para el año y, por ende, cuánto puedo gastar”, el gasto aumentará mientras haya mayores ingresos. Y los fondos disponibles son mayores en el ciclo expansivo de la economía debido a que los ingresos fiscales aumentan cuando crece la economía.
Para implementar estos mecanismos o movimientos compensatorios del presupuesto público es preferible manejar las variables del gasto antes que las del ingreso, dada la necesidad de mantener cierta estabilidad en el campo tributario. Una medida que ayudaría a conseguir este objetivo sería la programación del gasto público en planes multianuales, de modo que se compensen los ciclos económicos. Asimismo, es necesario manejar fondos de reservas del sector público de mediano plazo, los cuales crecerían en el periodo expansivo y descenderían en el periodo recesivo.
Consecuentemente, la fijación del gasto público no debería estar en función de los ingresos recaudados en el año, sino de las necesidades del sector y de la sostenibilidad de los ingresos tributarios y el endeudamiento neto del sector público en el mediano y largo plazo. Esto es, los gastos deberían están en función de los ingresos tributarios de largo plazo, ajustados por el ciclo económico y sin considerar los ingresos extraordinarios como la que actualmente se observan a raíz de las altas cotizaciones de las materias primas que el país exporta.
Lamentablemente, utilizando estos indicadores se puede demostrar que en los últimos cinco años, la política fiscal en el Perú no ha sido contracíclica, lo que eleva el riesgo del sistema financiero, hace más complejo el manejo de la estabilidad de precios y complica la propia posibilidad de restructurar el gasto público y la efectividad de la política monetaria.
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